Por Gabriela Brenes

Los pueblos indígenas están ancestralmente ligados a la naturaleza, y han logrado mantener un equilibrio y respeto para con los recursos de sus tierras. Sin embargo, el creciente desarrollo industrial y las presiones sociales que esto implica, ponen en riesgo su supervivencia, creando así un peligroso preludio para la desaparición de sus prácticas. En Costa Rica, la población indígena representa alrededor del 2% del total de habitantes, y habitan en 24 territorios a lo largo y ancho de nuestro país. No obstante, este grupo es uno de los más marginados por nuestra sociedad, lo cual se refleja claramente en el aislamiento de los principales centros y programas de desarrollo nacional. Por ejemplo, el índice de mortalidad infantil en los cantones con alta presencia indígena duplica el índice de mortalidad nacional. Lamentablemente, estos niños y niñas mueren por enfermedades que el resto de la sociedad nacional erradicó desde inicios de la década de los ochentas.

Pese a que se han evidenciado las necesidades y recomendaciones para la solución de esta realidad, los programas gubernamentales no siempre han correspondido de la manera más adecuada. Aún así, han surgido distintas organizaciones estatales, así como muchas otras no gubernamentales, que velan por los derechos y la protección de la cultura indígena.

Como primer caso tenemos a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). Hasta el momento, esta institución era el mayor referente estatal para la protección de los intereses y derechos del pueblo indígena. No obstante, la ‘Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas’, que entró en estudio en el Congreso, pretendía eliminar el CONAI y establecer en su lugar un Consejo con representación de todos los pueblos indígenas, el cual estaría regulado por la Contraloría General de la República. Este cambio surgió por un estudio realizado por Acan-Efe: según aborígenes consultados por Acan-Efe durante un recorrido por zonas indígenas, la CONAI no contaba con representación de todos los territorios, y su labor hasta el momento había sido pobre en cuanto a la ayuda a las comunidades.

La principal crítica contra la comisión es que la mayoría de sus recursos se destinaban a gastos administrativos, dejando así totalmente desprotegidas las otras áreas de necesidad de las y los indígenas .Con la Ley, que fue consultada en los 24 territorios indígenas del país, los aborígenes pretenden crear un nuevo consejo que administre el dinero de la CONAI, además de recibir el 0,01% de los impuestos a los combustibles y un 1% del presupuesto del Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF).

Asimismo, cerca del año 1969 se creó el El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Este corresponde a un órgano de expertos y expertas independientes, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El CERD se estableció según lo estipulado en el Artículo 8 de la Convención, que contempla el establecimiento de un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, compuesto por expertos y expertas de gran prestigio moral y profesional, así como una reconocida imparcialidad. A pesar de sus esfuerzos, se le critica que no ha logrado solucionar la exclusión laboral de las y los indígenas (aunque se haya intentado regular legalmente), ni ha fomentado programas para la juventud y la niñez de este grupo poblacional.

Otra entidad que vela por el bienestar de las y los indígenas es  el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI, o IWGIA en inglés). Esta organización, con cobertura de de Pueblos Indígenas del Sur, Centro, Norteamérica y del Pacífico (así como algunos grupos en el Caribe), lucha por la soberanía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas. Además, trabaja fervientemente por el reconocimiento y la protección de los derechos de los y las indígenas, los tratados, sus culturas tradicionales y la protección y el correcto uso de las tierras sagradas.

El CITI en sí es una organización internacional independiente, cuyo personal se compone de especialistas, consultores y consultoras en asuntos indígenas. Este grupo de trabajo impulsa el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus derechos a la autodeterminación, desarrollo e integridad cultural así como al control de sus territorios y recursos.
Más aún, colabora con organizaciones de pueblos indígenas en todo el mundo. Entre sus estrategias de trabajo está la documentación de los asuntos indígenas. Esta documentación, basada en la investigación realizada por la misma CITI, se publica en forma de libros, periódicos, artículos y un anuario sobre pueblos indígenas. la combinación de sus diferentes actividades clave—documentación y publicación, promoción de los derechos humanos, lobbyismo y proyectos de desarrollo—la han consagrado con gran renombre a nivel mundial, ya que posee el estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

El secretariado internacional de CITI está ubicado en Coppenhague, Dinamarca, y
se encarga de la administración y coordinación de las actividades de CITI, y mantiene además un centro de documentación abierto al público. También se ocupa de la diseminación de información relacionada con sus trabajos de investigación.

Un dato curioso es que esta organización está financiada por los gobiernos nórdicos y por la Unión Europea. Al ser una entidad tan grande, les es un tanto difícil profundizar más en lo local, por lo que siempre permanecen algunos sectores desprotegidos por falta de cobertura.

En un plano más local, las universidades estatales toman un papel preponderante en la defensa de los derechos del pueblo indígena. La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) son las que más proyectos han destinado a estas comunidades. No sólo con las opciones de Trabajo Comunal Universitario que ofrecen, sino porque estas investigaciones suelen generar un mayor interés en la temática, y poco a poco han surgido pequeños grupos de estudiantes y docentes que se unen para continuar con los proyectos. Además, la UCR cuenta con numerosos programas de voluntariado, que más allá de cumplir con créditos o requisitos académicos, apelan a la consciencia social que la institución inculca, y une personas de los más distintos estratos y carreras, cuyo punto de unión es precisamente esa responsabilidad para con quienes más necesitan de esta colaboración. Posteriormente, en el Capítulo 3, se analizará con más detenimiento la presencia universitaria en comunidades indígenas.

Ahora bien, quizás una de las organizaciones que más crecimiento ha mostrado en la última década es Kus Kura: El León Sociedad Civil. Pese a los distintos programas que velan por los intereses de las comunidades indígenas, no había organizaciones representativas de la niñez y la juventud indígena trabajando de manera conjunta en la implementación de estas recomendaciones, y que respondieran realmente a las necesidades de este sector poblacional tradicionalmente excluido. Kus Kura surge en julio del 2002, como una organización sin fines de lucro—inscrita bajo la ley de Asociaciones de Costa Rica, con Cédula Jurídica 3-106-330-474-10—para privilegiar el trabajo con la niñez y la juventud indígena, como ejes del desarrollo para sus pueblos.

Como unos de los pioneros en este campo, buscaron ampliar su experiencia y cubrir la niñez indígena en Costa Rica, y la juventud indígena a nivel centroamericano. Para el desarrollo de las actividades con la niñez en nuestro país, buscaron primeramente un espacio de recreación y educación para las y los niños. Así es como surge la Finca Educativa Kan Tan, en la Creación del grupo ecológico en el Pueblo Boruca. Luego, procuraron realizar Encuentros regionales en Costa Rica, para unificar los pueblos indígenas y proveerlos de las herramientas necesarias para apropiarse de los derechos que los sustentan. El primer Encuentro Nacional se organizó en el 2008.

En el plano centroamericano, también han sido muy exitosos. En los últimos dos años, trabajaron con 160 jóvenes representantes de once pueblos indígenas, en 4 países de la región centroamericana (incluido nuestro país, claro está); esto como parte de un programa de Empoderamiento para la Juventud.

Probablemente, gran parte del éxito de Kus Kura y sus proyectos es que reconocen que el acercamiento a los pueblos indígenas debe realizarse de manera horizontal e integral—no vertical e impositiva como se ha venido trabajando en las políticas gubernamentales—para así poder desarrollar las capacidades de la niñez  y juventud en diferentes áreas identificadas como prioritarias. El propósito de estas capacitaciones y talleres es formar futuros líderes, brindándoles herramientas y valores para el cambio social, la defensa de su cultura, el reconocimiento de sus derechos y la protección del medio ambiente. Todo esto de acuerdo con iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los pronunciamientos de instancias internacionales y los instrumentos internacionales de protección a los derechos de la población indígena.

Básicamente, el enfoque Kus Kura para la temática de los derechos humanos (principal área de interés de nuestra investigación), se podría considerar lúdico e interactivo, ya que a partir de una visión crítica, pluricultural y contextualizada, se exponen y discuten los derechos de la niñez y juventud indígena, de modo que esta generación pueda comprender, concientizarse y sustentarse en el marco legal que les ampara.

A mediano y largo plazo, los encuentros buscan reforzar las estructuras de representatividad y la cohesión de estos pueblos, pues se toman como mecanismos de defensa contra la problemática que ellos y ellas sufren.

El acercamiento a los pueblos indígenas también es de alabar, por cuanto se estableció una comunicación horizontal, con las diferentes organizaciones y líderes en cada pueblo indígena. Además, se articularon diferentes organizaciones, instituciones, universidades, grupos afines y profesionales que en forma ad hoc apoyaron y enriquecieron todo el proceso. Más aún, la realización de las actividades en su mayoría fue dentro de los mismos pueblos indígenas, permitiendo así su incorporación y retribución por su colaboración en los programas.

Hasta el momento, Kus Kura ha obtenido resultados muy positivos: ha logrado la socialización (a nivel de organizaciones y líderes de base) de los convenios internacionales y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con sus talleres y encuentros, se dio la apertura de espacios de reflexión y análisis de la realidad de la juventud indígena en Centroamérica. Consiguió inculcar en la juventud indígena con la que trabajó, el sentido de tomadores y tomadoras de decisión en relación con las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.

Además, se evidenció un fortalecimiento de la integración regional centroamericana con la participación de un sector tradicionalmente excluido de este proceso.

Luego de analizar la labor de las organizaciones no gubernamentales, y contraponerlas con los pocos proyectos e iniciativas estatales, sobresale el hecho de que el Estado de Costa Rica no cuenta con una política coherente con la realidad de los pueblos indígenas. Para perjuicio de muchos y muchas, aún mantiene en sus programas un fuerte contenido de las políticas indigenistas de corte integracionista, cuyo fin se orienta a integrar a los pueblos indígenas a un proceso de desarrollo ajeno a sus realidades, irrespetando claramente sus derechos y cosmovisiones (El actual proyecto Diquís funge como claro ejemplo de esta actitud). Una muestra de ello es que la institución estatal encargada de coordinar acciones en beneficio de las y los indígenas, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), contempla en su ley de creación, específicamente en el Artículo 4, principios que inspiraron las políticas indigenistas que tanto daño han causado a estos pueblos.

“Promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con miras a elevar sus condiciones de vida y a integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo”.

Claramente no se contemplan los valores culturales de las comunidades indígenas, ni se define el concepto de “desarrollo” al cual apuntan con sus proyectos. Irónicamente, CONAI ha sido la entidad que más trabas le ha puesto a las propuestas de autonomía del pueblo indígena.

Además, se evidenció que los pueblos indígenas de Costa Rica no participan ni son consultados en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local que implementa las instituciones estatales. Estos programas, lejos de ser inclusivos e integrales, son elaborados desde una visión estatal que irrespeta los tratados y convenios internacionales—que exigen la participación de los pueblos indígenas—invisibilizando sus derechos y, nuevamente, su cosmovisión. Más aún, no existe una coordinación entre las instituciones estatales a la hora de abordar el tema indígena, dejando espacio para la discriminación, la burocracia innecesaria y los conflictos administrativos.

Se puede afirmar, con toda certeza, que en cuanto a los programas que implementa el estado costarricense en los pueblos indígenas, pervive una tendencia discriminatoria con respecto al resto de la sociedad nacional. Temas como la situación de salud dejan al descubierto la incapacidad del Estado para cubrir las necesidades de esta población.  Como pudimos establecer el inicio de este capítulo, el índice de mortalidad infantil en los cantones con alta presencia indígena duplica el índice de mortalidad nacional. Peor aún, en estos cantones los niños y niñas mueren por enfermedades que el resto de la sociedad en Costa Rica logró erradicar desde inicios de la década de los ochentas. Los indicadores en educación son asimismo desiguales cuando se comparan ambos grupos poblacionales.

La notoria falta de reformas en las estructuras políticas se erige hoy como barreras discriminatorias y excluyentes en contra de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la falta de traductores a los idiomas indígenas en los proceso que llevan a cabo en las dependencias estatales o la pobre cobertura de servicios públicos en territorios indígenas son indicadores de esta marginación.

Pese a que las y los indígenas sostienen uno de los principales negocios en el país—la producción del café—el Estado costarricense no ha implementado la Ley n° 7316 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, conocido como Convenio 169 de la OIT, desde su aprobación en el año 1992 y a pesar de las disposiciones de carácter progresista de este instrumento internacional. Nuevamente, los derechos del pueblo indígena quedan desprotegidos.

Algunos de los traspiés del Estado costarricense se podrían catalogar como una crónica de una muerte anunciada, por cuanto mantienen estrecha relación con la problemática expuesta en este capítulo. Por este motivo, es indispensable que el estado de Costa Rica establezca lo antes posible, los mecanismos para formular junto a los pueblos indígenas—y en pleno respeto a sus derechos y cosmovisiones—una política coherente con la realidad de los pueblos indígenas. Es decir, cualquier política, programa o proyecto, en especial aquellos de los Planes Nacionales de Desarrollo, debería consultarse primero ante los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT. Este proceso de validación incluye su participación en la formulación, aplicación y la evaluación.

Asimismo, el Estado debería modernizar la institucionalidad de atención a los pueblos indígenas (incluir, por ejemplo, a traductores en los idiomas indígenas en las instancias de gobierno), abarcando también mayores y mejores servicios públicos en las zonas con alta densidad de población indígena.

Finalmente, aquellos y aquellas al mando de las instituciones estatales de nuestro país, deberían configurar sus funciones con las de las ONGs en pos del compromiso mutuo con los derechos humanos proclamados en conferencias y eventos internacionales, instrumentalizando así tantas legislaciones que hasta el momento se han limitado al papel, y construyendo una sociedad inclusiva y receptiva para con los numerosos aportes y necesidades de las y los indígenas en Costa Rica.

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